MÓNICA G. PRIETO
BEIRUT.- Los ataques contra objetivos civiles en Gaza han llevado a muchos grupos de Derechos Humanos y a expertos en Ley Internacional Humanitaria a denunciar las violaciones de las leyes de guerra en las que podría estar incurriendo Israel.
La voz más autorizada es la del relator de Naciones Unidas para los territorios palestinos, el académico judío norteamericano Richard Falk, quien el miércoles acusó a Israel de cometer crímenes contra la Humanidad en la franja mediterránea. No es el único en valorar la ofensiva en esos términos. Para los expertos, acciones como la matanza del lunes en una escuela de la UNRWA o el bombardeo de la casa de Nizar Rayan, un alto cargo de Hamas, en el que perdieron la vida sus cuatro esposas y sus 11 hijos de entre 1 y 12 años, constituyen crímenes de guerra.
Eso obligará a todos los Estados que han ratificado convenios como las Convenciones de Ginebra o el Estatuto de Roma a investigar los supuestos delitos y, si se prueba que se han cometido, perseguir a sus culpables, algo que aún no ha sucedido, en el caso de Israel, en ningún lugar del mundo.
En los últimos años y gracias al trabajo del Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH), se han presentado querellas en España, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Holanda y Suiza contra presuntos criminales de guerra israelíes, entre ellos ex ministros de Defensa y altos cargos del Ejército.
Para el CPDH, se trata de una estrategia a largo plazo destinada a juzgar a los responsables de las violaciones de la Ley Internacional Humanitaria en los territorios palestinos y acabar con la impunidad israelí. El objetivo es obtener órdenes de captura internacionales que permita arrestar a los inculpados fuera de su país, siempre que los tribunales israelíes no castiguen los hechos.
En el caso de la actual ofensiva, es pronto para redactar denuncias. Dada la cantidad de indicios de que se están cometiendo crímenes de guerra, es necesario que cesen las hostilidades para lanzar una investigación de cada episodio, explica Daniel Machover, abogado del bufete londinense de Hickman and Rose.
Hickman and Rose promovió en 2005 una denuncia contra el general retirado israelí Doron Almog. Almog era el responsable militar del sur de Israel en 2002, cuando orden la destrucción de 59 viviendas palestinas en Rafah, al sur de Gaza, en represalia por la muerte de un soldado. Además, las pruebas le incriminan en los asesinatos de al menos dos civiles, entre ellos una mujer embarazada de nueve meses, y en el ataque que mató al líder de Hamas Salah Shehadeh y otras 14 personas, entre ellas su mujer, su hija y numerosos niños.
Sucedió en 2002, cuando Israel lanzó una bomba de una tonelada sobre su casa, situada en el barrio residencial Al Daraj de Jabalia. El proyectil demolió ocho casas y mató a siete miembros de una familia, además de causar heridas a 150 personas. Una ONG israelí denunció el caso ante los tribunales, que no se han pronunciado al respecto. Pero en Londres sí hubo una reacción.
A petición de los abogados de Hickman and Rose, un juez dictó una orden de detención contra Almog, que se disponía a visitar Gran Bretaña. El 10 de septiembre de 2005, la policía se preparó para el arresto en el aeropuerto, pero según la prensa israelí, Tel Aviv le avisó del riesgo de ser detenido mediante la radio del avión. Almog nunca salió del aparato de El Al, la compañía aérea israelí, que dos horas después le condujo a Tel Aviv.
Presuntos criminales de guerra israelíes
En la lista de presuntos criminales de guerra israelíes figuran otros muchos altos cargos, y la única querella presentada en España recoge varios de ellos: Dan Halutz, ex jefe del Estado Mayor, el ex ministro de Defensa Benjamin Ben Eliezer, Michel Herzog, ex secretario militar del ministro de Defensa, Moshe Yaalon, ex jefe del Estado Mayor entre 2002 y 2005 o Avraham Ditcher, ex director del Servicio General de Seguridad israelí.
Los nombres figuran en la querella por crímenes de guerra presentada el 24 de junio por los abogados Gonzalo Boye, Antonio Segura, Ral Mallo y Juan Moreno por encargo de seis ciudadanos palestinos. "Mientras no avance la investigación, la querella se ha dirigido contra personas sobre cuya implicación en las matanzas tenemos pruebas rotundas, pero no descartamos que si el procedimiento sigue adelante, se deba imputar a otras personas: los militares no son autónomos en Israel y, por tanto, existen responsables políticos de dichos actos", afirma Boye.
La denuncia fue tramitada por el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, dirigido por el juez Fernando García Andreu, quien decidió, antes de admitirla, reclamar a Israel información sobre si los hechos ya han sido juzgados. Después de cinco meses, Israel sigue guardando silencio.
Criterios políticos, no jurídicos
"Pensamos que la respuesta que estamos esperando no es otra que los bombardeos", se lamenta Boye, quien atisba detrás de esta demora una intencionalidad política. "Creemos que, de momento, están primando, al menos por parte de la Fiscalía, criterios más bien políticos que jurídicos, porque sólo cuando se ha presentado una querella contra Israel se requiere el cumplimiento de tal requisito".
No todos los pases firmantes de las leyes internacionales han incorporado éstas en sus legislaciones nacionales -como sí ha hecho España-, lo que ha complicado la presentación de querellas.
Es el caso de Gran Bretaña, que hace varios años tramitó una denuncia contra el entonces ministro de Defensa israelí Shaul Mofaz por crímenes de guerra. La presión de Tel Aviv logró que se cerrara el proceso legal. También ocurrió en Holanda, donde fue inculpado por torturas Ami Ayalon, quien fuera director del Shin Bet (la Inteligencia nacional israelí). Y en Nueva Zelanda, donde Moshe Yaalon logró evitar una orden de detencin en noviembre de 2006.
A pesar de todo, los abogados especializados en Derechos Humanos prometen seguir trabajando duro, y el CPDH anuncia que insistirá hasta acabar con la impunidad.
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/01/09/internacional/1231486357.html
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